2011-Mar-14

Enviado en Auzo mugimendua, Bestelakoak, Formakuntza, Partehartzea

El conjunto de grupos sociales, tras trabajar por una Ordenanza de Telecomunicaciones con valores sociales y de salud, en contra de la propuesta municipal

Comunicado integro, trasladado en la rueda de prensa del día de hoy de todos los colectivos sociales contra la propuesta de ordenanza. Dice así:  La plataforma del Grupo de trabajo creado por el Consejo de Medio ambiente que presenta esta comparecencia agrupa a colectivos sociales diversos: la mayoría de colectivos vecinales, ecologistas, y otros sociales de diversa índole, especialmente aquellos que preocupados por la salud y los efectos que la contaminación electromagnética, han venido trabajando e impulsando una regulación garantista de derechos para los ciudadanos y ciudadanas.

Junto a estos, podemos afirmar sin ningún género de duda, que contamos con el respaldo, apoyo y comprensión de la mayoría social de la ciudad, tanto de colectivos como de la ciudadanía en general.

El desarrollo del grupo de trabajo ha sido la suma de varios factores, a saber:

  • Por parte de los colectivos: en interés, esfuerzo, voluntad de trabajo y aportaciones muy superiores a las admitidas por la concejala. Entre ellas una normativa consensuada y una hoja de ruta.

  • Por parte de la concejala: la constitución del grupo a desgana, bloquear la presencia de invitados expertos y de valor crítico, negar la información, la documentación y la participación, así como invalidar sin justificación la ordenanza consensuada y la hoja de ruta propuestas por el grupo de trabajo.

Ello ha supuesto negar la consideración de las personas que han trabajado y apostado por un trabajo de grupo común, generando un bloque municipal autista y censurador al trabajo de los grupos sociales.

Para frustrar aún más al grupo de trabajo, el gobierno hace una “Propuesta de Ordenanza Municipal”, la reparte a grupos políticos y la veta a los miembros sociales por temor a los argumentos y razones con quienes han aportado y reclaman voz en este tema.

Junto a los esfuerzos por constituir un grupo de trabajo que estudie y consensue una normativa, hemos sabido por filtraciones del borrador anti social e insalubre que ha realizado el Ayuntamiento ninguneado a todos los colectivos del grupo de trabajo y al propio consejo sectorial de medio ambiente, haciéndose patente el desprecio a la participación ciudadana por parte de gobierno municipal.

La propuesta de esta plataforma y del grupo de trabajo ha sido siempre partir del PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN como recomendación del Tratado de la Unión Europea y el Consejo de la Unión Europea, dando prioridad a la SALUD ante los riesgos posibles y la confirmación o duda razonada sobre los efectos nocivos que generan.

El grupo de trabajo desde su creación el 27 de enero 2011 puso sobre la mesa un modelo de ordenanza consensuada, un calendario de trabajo y varias proposiciones para avanzar en dicha materia, pero todo el trabajo ha sido una y otra vez anulado sin motivación por la presidenta, impidiendo avanzar al grupo en cualquiera de sus propuestas realizadas en sus cinco reuniones.

Esta Propuesta de normativa municipal es del interés de las operadoras o propuesta por ellas como respuesta al trabajo realizado por los grupos sociales. En todo caso, es una propuesta que no recoge ni la filosofía, ni los principios básicos que demandamos todos los colectivos y agentes de la ciudad preocupados por mejorar la regulación.

Consideramos esta normativa incompleta y contraria a la información, participación y control que debe suponer la instalación de equipos de telecomunicaciones. La propuesta de Ordenanza municipal, garantiza a las empresas emisiones 300 veces por encima del PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN y de lo propuesto por todos los colectivos de la ciudad participantes, permitiendo emisiones de tal magnitud que dicha potencia resulta innecesaria, peligrosa, y de excesiva tolerancia con los efectos nocivos de las mismas, obedeciendo así a los intereses de las operadoras de telecomunicaciones.

En concreto, analizada la propuesta, de su lectura y valoración, se extraen las siguientes conclusiones:

  1. No cumple ni garantiza la disponibilidad de información de forma accesible y permanente de la instalación, mediciones y controles establecidos, así como de las actividades de seguimiento que se ejercen sobre las mismas.

  2. No se incluye un sistema de control permanente y comprobable por la ciudadanía, mediante la medición de las medias y los picos de inmisiones recibidas, lo que supone que se hace una medición parcial, interesada y no garantista de los límites.

  3. Su procedimiento sancionador no es nada riguroso, es ineficaz y nada efectivo. Las multas de pocos cientos de euros, suponen una oportunidad para el fraude, engaño social y el incumplimiento rentable por parte de empresas instaladoras y emisoras. Puede llegar a decirse que las infracciones y sanciones son asumibles por cualquier empresa, puesto que resulta muy rentable incumplir la normativa, desobedecerla y beneficiarse de la ilegalidad para actuar asumiendo las ridículas multas que se generen.

  4. Como muestra de la falta de voluntad y de seriedad y rigor en esta normativa, no se constituye una comisión de seguimiento en la que junto a la representación municipal puedan tomar parte agentes sociales.

La conclusión de propuesta municipal es que es nefasta para la ciudadanía, alejada de las necesidades y garantías que demandamos todos los colectivos que tomamos parte en el estudio y propuesta de normativa.

Por ello consideramos la propuesta municipal un fraude a las aspiraciones y voluntades que hemos venido aportando.

No hay motivos sociales ni normativos para la creación de una ordenanza contraria al PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN, SALUD y DERECHOS DE LA CIUDADANÍA.

Ratificamos los principios de trabajo que nos hemos dotado. En especial, la necesidad de un compromiso por la precaución, la salud y los derechos de la ciudadanía en relación a las afecciones de la contaminación electromagnética.

Los colectivos y agentes sociales interesados, hemos defendido la propuesta de fijar una medida de emisión e inmisión NO SUPERIOR a 0,1 microwatios /cm2, dado que técnicamente permite la comunicación y el uso de las actuales antenas y sobra cobertura.

Superar 300 veces más las RECOMENDACIONES CIENTÍFICAS Y EL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN poniendo en peligro la salud de la ciudadanía no es una premura en la normativa, sino de actuación autista e impositora, alejada de todas las sugerencias y las aportaciones realizadas por los colectivos y expertos sensibles a esta materia.

Resulta llamativo que en el art. 4 (punto 4.15.1) se recomienda que el nivel del campo electromagnético proveniente exclusivamente de estos sistemas radiasles no supere en ningún punto de permanencia de las personas, valores de densidad de la potencia superiores al 0,1 microvatios /cm2, mientras que dicha recomendación no tiene fuerza legal ni supone una plasmación efectiva.

Por contra, en el art. 12 sobre los niveles de inmisión autorizados suponen entre 10 y 30 microvatios /cm2. Variando entre las viviendas y espacios escolares, resto de usos, y espacios públicos respectivamente Por lo tanto, dicha recomendación carece de sentido, si se autoriza enre 100 y 300 veces más de lo que se declara recomendable.

Exigimos una normativa que mire a la ciudadanía, garantizando información, participación, y control de las emisiones.

Demandamos una normativa que permita comunicarnos pero protegiendo la salud de la población, basada en los PRINCIPIOS DE PRECAUCIÓN y de reducción de las emisiones e inmisiones.

En definitiva, hacemos un llamamiento a todos los grupos políticos para que estudien, reflexionen y consulten a la ciudadanía respecto a la finalidad que esta normativa olvida: la salud y protección de efectos nocivos, así como reclamamos a toda la sociedad de Vitoria Gasteiz para que se ponga en alerta si esta normativa que se propone se intenta imponer silenciando la opinión mayoritaria contraria, para proteger a la ciudadanía y su salud.

En Vitoria Gasteiz a 14 de marzo de 2011

Como complemento de esta noticia, en defensa de la salud y aplicación del principio de precaución, la semana pasada conocíamos que El número 68 del 3 marzo de la revista ‘El Ecologista’ traía un artículo titulado ‘Contaminación electromagnética‘, de I. Ruíz, de Sagarrak-Ekologistak Martxan,.

Según la autora, dos tercios de la irradiación nos llega de los móviles, teléfonos inalámbricos y sistemas WiFi. También indica en el artículo cómo la legislación estatal es muy permisiva con los niveles de contaminación eléctrica y magnética, y está muy alejada del principio de precaución. Una actitud poco acorde con lo que explicó el Defensor del Pueblo en el informe de 2004 (pág.569): “la necesidad de ser precavidos es inobjetable, sobre todo si no disponemos de un conocimiento con resultados concluyentes“.

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