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AUZO: Vía libre a la expropiación de azoteas para instalar antenas de telefonía

El pasado martes día 30 quedó aprobada en el Congreso la nueva Ley de Telecomunicaciones, una norma que refuerza las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y que recoge la “expropiación forzosa” de azoteas

Nos encontramos ante una ley en la que el Gobierno ha optado por desregular lo público para favorecer el despliegue de las infraestructuras de telecomunicaciones.

La Ley General de Telecomunicaciones permitirá, entre otras cosas, reforzar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en materia audiovisual y de nuevas tecnologías. 

El artículo 29 de dicha ley permitirá la expropiación forzosa de azoteas en las que los operadores quieran instalar antenas, algo que en palabras de alguno grupos y colectivos sociales, vecinales y ambientales “genera indefensión para el conjunto de los ciudadanos”.

Si bien, no hay informes científicos que demuestren claramente esta relación de las ondas con los casos de cancer, sí que hay estudios que piden “que las administraciones públicas tengan en cuenta el principio de precaución” . Con esta norma, el Gobierno se verá obligado a impulsar el despliegue de las redes de acceso ultrarrápido a la banda ancha, tanto fija como móvil, para lograr su universalización y cumplir así los objetivos de la Agenda Digital para Europa, según la cual, en 2020 todos los europeos tendrían que tener acceso a velocidades de al menos 30 Mbps.

La ley General de Telecomunicaciones que está en fase de tramitación en el Senado desoye todas las recomendaciones internacionales acerca del potencial peligro que la contaminación electromagnética supone para la salud de las personas y elimina competencias de los ayuntamientos y las comunidades autónomas en materia de medio ambiente, ordenación urbana y territorial y salud pública. La Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM) insta a los ayuntamientos del conjunto del Estado a pedir su inmediata retirada.
Más 3.800 estudios científicos y trabajos sobre la exposición a campos electromagnéticos constatan que los actuales niveles de seguridad pública son insuficientes para proteger a la población de las enfermedades provocadas por este tipo de emisiones (cefaleas, cáncer, tumores cerebrales…).