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El Ayuntamiento exige a las asociaciones aportar en facturas más de un 30% de lo que reciban.

 El equipo de gobierno nos ha trasladado (sin acudir) a través de técnicos, la convocatoria de subvenciones. En dicha reunión hemos estado presentes cerca de 30 asociaciones de la ciudad ( todas las que tienen alguna actividad), habiendo múltiples intervenciones de 17 de ellas rechazando rotundamente estas condiciones y manifestando el resto el asentimiento constante.

Todas las asociaciones, al margen del dinero o trámite de subvenciones, hemos percibido, una vez más, la falta de consideración, respeto e imposición de cada gesto o relación entre asociaciones y el Ayuntamiento, que actúa con criterios de castigo al voluntariado, mercantilizando nuestra actividad, y creando dificultades enormes para que la mayoría de las asociaciones de la ciudad puedan percibir algún tipo de subvención.

No sólo no se reconoce ni valora el trabajo vecinal, ni el de reuniones, ni el coste real del teléfono, el dominio o mantenimiento de web (que para mas inri,  se dice promocionar y promover en la puntuación) sino que se nos exige en la convocatoria de este año mucho más que a las empresas:

1.- Se impone desde la distancia, sin dar la cara ni tiempo ni opción para trasladar la opinión, pues los técnicos tenían encomendado informar de lo aprobado con carácter inamovible (pese a errores). La falta de información previa y participación es un ejemplo de cobardía ante quienes trabajamos por el bien de la ciudad, con una convocatoria impuesta que busca poner pegas a las actividades y que no corramos el riesgo de endeudar la asociación. No es una política de rigor en el control, ni de ahorro, algo loable si se aplica con sensatez, sino de poner condiciones cada vez más difíciles para aportar desde el ámbito social y el coste personal y social del voluntariado. 

2.-  Un obligación de justificar un 30% más, con facturas, por lo que además de la justificación mayor, y exclusión de muchos conceptos, se nos eliminan los tickets, los gastos imprevistos, se nos obliga a aportar facturas por un importe del 30% más de lo recibido.

Esta exigencia es una demostración de desprecio y  vía para forzar la inactividad del movimiento vecinal, al verse con muchas trabas, incertidumbre y exigencias en los proyectos vecinales, cuando se puede ser exigente con el dinero público y prevenir abusos sin aprovecharlo para castigar la actividad voluntaria, y mucho menos aplicar un porcentaje que a mayor actividad, y mayor solicitud de ayuda, mayores importes de facturas se le deben aportar. Se castiga la iniciativa, los gastos reducidos propios de personal voluntario, y aquellas colaboraciones entre entidades de poca capacidad. 

3.- Un proyecto técnico y detalle de actividades a explicar de todo un año, que nos vincule antes de saber con que posibles recursos vamos a contar y nos condicione para tener o no que devolver por no cumplir las expectativas u objetivos de la asociación. Técnica compleja para muchos y arriesgada en cuanto a lo que se puede prever y aventurar sobre presupuestos dada la total incertidumbre sobre el resultado de la convocatoria.

4.- Una documentación que dificulta a muchas personas voluntarias por edad, conocimientos o disponibilidad poder completarla cuando el fin es su forma y no el fondo del trabajo vecinal. Se demuestra una vez más una visión técnica de la labor vecinal, en vez de un aprendizaje del movimiento vecinal por los políticos y técnicos (especialmente los que trabajan en el campo de la participación)

5.- Unas condiciones y criterios que no valoran el trabajo no remunerado, que no contabiliza como el resto de administraciones la voluntariedad de nuestra actividad, y que no se computa el coste de impuestos que soportamos como es el IVA, en lo que recibimos y en ese 30% o más que tenemos que aportar pero no recibimos.

6.- Unos criterios con vaguedades, lagunas, interpretaciones contrarias a la literalidad de los términos y sujeción a unos pareceres que generan un margen de discreccionalidad en manos de políticos y subordinados del Ayuntamiento.

7.- Unas condiciones que castigan la mayor actividad (pues obliga a aportar un 30% más de eso que se diga hacer y reciba de ayuda) y que condiciona bajo criterios de coherencia (que es subjetivo y se considera objetivo), o implantación en el barrio, que supone una quita en Zabalgana, por haber registradas más asociaciones, siendo el grado una parte del número de asociaciones, al margenes de su “grado” “de implantación” (Donde hay dos la mitad, tres, pues 1/3,) etc, . Se interpreta este criterio en contra de la literalidad (“grado de implantación” por decisión política, sin entrar a valorar las actividades, presencia, proyectos ni implantación graduadas las opciones)